Por: Misael Mondragón
El paro de labores de 24 horas convocado por la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), acompañado de una mesa de trabajo programada previamente con el Gobierno del Estado y la nueva titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), volvió a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta cuándo las reuniones oficiales dejarán de ser una fábrica de promesas para convertirse en soluciones concretas?
Este paro de 24 horas, que da inicio con las movilizaciones para el ciclo escolar 2026-2027, abrió un nuevo capítulo en la relación entre el magisterio y las autoridades estatales. Sin embargo, más allá de lo que representa la instalación de la mesa de negociación, las respuestas de fondo siguen siendo la principal deuda con las y los trabajadores de la educación, los dimes y diretes de dónde quedaron los presupuestos que se consiguieron con el futuro diputado Eloy López Hernández y los recursos de la jornada de mayo 2025 y 2026. ¿Por qué no se han aplicado si el mismísimo Mario Delgado les dijo que ya fueron liberados esos recursos al gobierno del estado?
Mucho diálogo, pocas respuestas y el viejo sabor a atole
La presencia del gobernador para instalar la mesa de negociación fue, al menos en lo protocolario, una señal de disposición al diálogo; no obstante, una vez cumplido ese acto, el mandatario se retiró para continuar con sus actividades habituales, dejando a los interlocutores frente a una problemática que exige algo más que fotografías, discursos y compromisos de buena voluntad, característica de este gobierno primaveral.
La mesa de trabajo dejó un sabor muy conocido por las bases magisteriales: el de recibir atole con el dedo mientras los asuntos pendientes se siguen acumulando. Porque instalar una mesa no equivale a resolver un conflicto, y sentarse a dialogar tampoco garantiza que las demandas de los trabajadores encuentren una respuesta satisfactoria.
En medio de este escenario, la titular del IEEPO, Fernanda Chávez, tampoco escapa al escrutinio público. Su permanente sonrisa durante los encuentros puede proyectar tranquilidad ante las cámaras a las que está acostumbrada posar, pero contrasta con la urgencia de los problemas que enfrenta la institución en la que hoy ocupa otro puesto más en el gobierno, ya que al parecer no le ha caído el 20 de lo que representa.
El IEEPO es un organismo señalado por serios rezagos administrativos y cuestionamientos sobre su funcionamiento, corrupción y complicidad, de lo cual la ciudadanía y el magisterio esperan resultados, no gestos y sonrisas de optimismo. Con ello es inevitable cuestionarnos: ¿la nueva responsable del instituto llegó para corregir las irregularidades heredadas o terminará convertida en la encargada de administrar el desgaste y encubrir las deficiencias de su antecesor? La respuesta no estará en su expresión facial, sino en su capacidad para transparentar la gestión, deslindar responsabilidades y ofrecer soluciones viables que den muestra de ese segundo piso de la transformación.
La exigencia de auditoría: una demanda que también puede convertirse en un arma de doble filo
Uno de los planteamientos que destaca en la agenda de la Sección 22 es la exigencia de una auditoría integral al IEEPO. La petición resulta relevante en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para recuperar la confianza en las instituciones educativas.
Sin embargo, la demanda también abre un escenario que la dirigencia sindical tendrá que replantearse y analizar cuidadosamente; puesto que, si se exige revisar el manejo de los recursos públicos y las decisiones administrativas, el principio debe aplicarse con rigor, sin excepciones ni cálculos políticos. La auditoría no puede convertirse en una consigna para presionar a las autoridades y después quedar reducida a un acuerdo de escritorio; debe establecer alcances claros, periodos de revisión, mecanismos independientes y consecuencias en caso de detectarse irregularidades.
Ya que de lo contrario, la Sección 22 podría terminar dándose un balazo en el pie, pues exigir una revisión que, por su propia naturaleza, también podría llevar a examinar decisiones, prácticas y responsabilidades de distintos actores involucrados en la administración educativa en los acuerdos de los apoyos que la dirigencia ha recibido desde siempre del IEEPO. Si la transparencia es la nueva bandera del MEDTEO, debe sostenerse hasta sus últimas consecuencias.
Trabajadores desplazados y la polémica herencia de plazas
Otro asunto que merece atención es la situación del personal de apoyo y asistencia a la educación (PAAE) que anteriormente laboraba en el edificio central del IEEPO de carretera Cristóbal Colón y que, tras los cambios administrativos y de ubicación, se encuentra en la condición de "refugiados", distribuido en oficinas alternas y distintos planteles escolares para justificar sus claves.
La dispersión de estos trabajadores, que se dio después del decretazo de Gabino Cué en junio de 2015, plantea interrogantes sobre sus condiciones laborales, la organización de sus funciones y la estabilidad de sus espacios de trabajo. No basta con reubicar al personal; también es necesario garantizar condiciones dignas, certeza administrativa y respeto a sus derechos y cumplimiento con sus obligaciones, ya que existen casos donde con claves de jefes y subjefes de áreas con un sueldo cercano a los 25 mil pesos, están descansando en bibliotecas o aulas de medios en las escuelas que les dieron apertura.
A esta problemática se suma una cuestión delicada: la jornada de las delegaciones sindicales de los PAAE tiene como punto principal la exigencia de herencia de plazas para familiares, particularmente para los hijos de estos trabajadores; lo que hace necesario diferenciar entre el legítimo derecho de los trabajadores a exigir prestaciones y la pretensión de transmitir una plaza como si se tratara de un patrimonio familiar.
El acceso al empleo público debe sujetarse a las normas aplicables, los procedimientos de ingreso y los principios de legalidad, transparencia e igualdad de oportunidades, según lo establece la Constitución, pero en el caso de Oaxaca y la Sección 22, solo existe el "marchómetro" y sus usos y costumbres.
Si existen propuestas sindicales para establecer mecanismos de continuidad laboral para familiares, estas deben hacerse públicas y contrastarse con la normativa vigente, sin el condicionamiento y la sumisión a líderes o grupúsculos que controlan al movimiento. Ningún acuerdo político o sindical debería sustituir los procedimientos legales de asignación de plazas, ya que por eso estamos como estamos.
La educación pública no puede convertirse en un sistema de privilegios donde el acceso a un puesto dependa del parentesco y no de reglas claras y respeto a los derechos de cada persona con base en su profesión y preparación.
El caso del maestro Leví Peralta: la incertidumbre también golpea al magisterio
Mientras las mesas de negociación concentran la atención política, el caso del maestro Leví Peralta continúa siendo un asunto que exige respuestas. La falta de avances conocidos mantiene la preocupación entre integrantes del magisterio y alimenta un clima de incertidumbre.
En Oaxaca, donde las y los docentes desempeñan su labor en contextos complejos, la seguridad no puede quedar relegada a un segundo plano tanto del gobierno como de la dirigencia sindical. Cada caso que permanece sin esclarecerse profundiza la desconfianza y deja a las comunidades educativas expuestas a la angustia y al temor.
La exigencia debe ser clara: información oficial, investigaciones diligentes y resultados que permitan conocer el estado real del caso, sin especulaciones ni silencios que aumenten la incertidumbre.
La dirigencia seccional tiene ante sí el reto de demostrar que la defensa de los derechos laborales también incluye la integridad y la seguridad de sus agremiados. Porque ningún discurso de unidad será suficiente si las maestras y los maestros sienten que su tranquilidad y su vida están en riesgo, ya sea por la delincuencia o por los padres que acechan continuamente para querer, mediante la difamación, el hostigamiento y el señalamiento, imponer su santa voluntad en las escuelas.
Los 800 millones y el presupuesto: ¿dónde quedó la bolita?
En el terreno presupuestal, la dirigencia de la Sección 22 insiste en la aplicación de los 800 millones de pesos que, según sus planteamientos, se lograron en mayo para contrataciones, promociones y ascensos, y que, según Yeni Araceli Pérez Martínez, comenzarán a pagar el próximo martes 20 de octubre.
La cifra, por sí misma, no resuelve las dudas. Es indispensable conocer el destino específico de los recursos, las partidas beneficiadas, los calendarios de aplicación y los mecanismos de seguimiento que permitan comprobar que el dinero se traduzca en mejoras reales para el sistema educativo de la entidad oaxaqueña y no desaparezca como en el periodo de Eloy López Hernández y Francisco Villarreal.
La dirigencia sindical debe explicar con precisión qué compromisos se alcanzaron, qué partidas fueron aprobadas y cuáles continúan pendientes; y, por su parte, el Gobierno del Estado y el IEEPO tienen la obligación de ofrecer información verificable sobre el ejercicio presupuestal, porque anunciar millones de pesos no equivale a garantizar que lleguen a donde se necesitan. La diferencia entre una conquista sindical y una promesa incumplida se mide en hechos demostrables.
Noviembre, bajo la amenaza de otro paro
Ante la falta de respuestas que la dirigencia considera insuficientes, la Sección 22 mantiene sobre la mesa el planteamiento de un paro de labores de 48 horas durante noviembre. Esta advertencia coloca nuevamente a las autoridades frente a una disyuntiva: atender con seriedad las demandas y presentar avances comprobables, o prolongar una confrontación que termina afectando a toda la comunidad educativa, ante los albores del congreso político a realizarse en diciembre y que servirá de pasarela de los próximos candidateables a dirigentes seccionales que serán elegidos en el mes de febrero de 2027.
Como ya se sabe, las movilizaciones forman parte de la historia y estrategia de lucha del magisterio oaxaqueño, pero también obligan a preguntar cuántas jornadas de protesta serán necesarias para obtener respuestas concretas. Las familias, las comunidades y, especialmente, las niñas y los niños necesitan certeza sobre la continuidad de sus actividades escolares, mismas que se reducen por conmemoraciones, actividades representativas donde se ausentan maestros, cursos, celebraciones y consejos técnicos.
La educación no necesita más escenografía política
El paro de 24 horas y la instalación de la mesa de trabajo dejan una conclusión incómoda: en Oaxaca, el diálogo educativo sigue midiéndose más por los anuncios que por los resultados.
El gobernador instaló la mesa y se retiró; la titular del IEEPO enfrenta el reto de demostrar que su gestión representa algo más que una nueva imagen para una institución con asuntos pendientes; y la Sección 22 exige auditorías, recursos y respuestas, al tiempo que debe asumir la responsabilidad de transparentar sus propias demandas y propuestas.
La situación del personal desplazado, la controversia sobre la asignación de plazas, los recursos comprometidos y el caso del maestro Leví Peralta no pueden quedar sepultados bajo declaraciones alegres. La pregunta de fondo permanece: ¿habrá soluciones tangibles o nuevamente se habrá servido el tradicional atole con el dedo al magisterio y la sociedad oaxaqueña?
Noviembre podría ofrecer la respuesta. Mientras tanto, la educación pública de nuestro estado sigue esperando que las mesas de negociación dejen de ser actos protocolarios y se conviertan en espacios donde los compromisos se cumplan, las cuentas se aclaren y la seguridad de las y los trabajadores sea una prioridad.
Porque Oaxaca no necesita más sonrisas para la fotografía ni promesas que se diluyen al terminar las reuniones. Necesita transparencia, justicia y resultados.
