La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, magistrada Itzel Espinosa Rojas, entregó a la presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura, diputada Eva Diego Cruz, y la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputada Tania Caballero Navarro, una propuesta de reforma a la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.
En la sede del Congreso, la magistrada Espinosa Rojas señaló que la Ley General establece un modelo nacional obligatorio para la implementación de los Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en materia de justicia administrativa, tanto a nivel federal como local, mediante la creación de centros públicos especializados dentro de los tribunales de justicia administrativa, por lo que es necesario armonizar la ley federal con la norma estatal.
Explicó que con la reforma al artículo 80 Bis de la ley estatal se asume una obligación jurídica directa, no discrecional, de crear y operar el centro público de MASC en materia de justicia administrativa, así como designar a una persona titular que cumpla con los requisitos de la Ley General y contar con personas facilitadoras certificadas. “No se trata de una figura programática o futura, sino de un órgano ya reconocido en la legislación vigente”.
Aseveró que la creación del MASC en Oaxaca es indispensable porque moderniza la justicia administrativa, alineándola con estándares nacionales; reduce la judicialización innecesaria de conflictos entre la administración pública y los particulares; fortalece la legalidad y la confianza institucional, al privilegiar soluciones dialogadas; despresuriza las salas del tribunal, permitiéndoles concentrarse en asuntos complejos o de alto impacto; e incorpora una visión preventiva y restaurativa, no solo sancionadora.
Asimismo, añadió, permite la resolución temprana de controversias administrativas; evita condenas, nulidades y responsabilidades administrativas posteriores; ahorra recursos públicos; los juicios son menos largos y, por tanto, genera menor gasto en representación jurídica; reduce pagos por condenas, intereses o devoluciones; permite un uso más eficiente del presupuesto público; mejora de la actuación administrativa; y permite la mejora continua y prevención de futuras controversias.
