* La propuesta busca transitar de un modelo reactivo a uno preventivo e integral mediante la adición de los artículos 13 y 13 Bis a la ley estatal en la materia
Con el objetivo de consolidar un modelo de seguridad efectivo, transparente y cercano a la ciudadanía, la diputada Haydeé Irma Reyes Soto, integrante del Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa en el Congreso del Estado para reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca. La propuesta busca incorporar una definición normativa amplia y delimitar con precisión el objeto del Sistema Estatal, priorizando la prevención del delito, la perspectiva de género, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la construcción de la paz.
La propuesta legislativa, presentada en la Sesión Ordinaria de la Diputación Permanente, plantea adicionar un segundo párrafo al artículo 13 y un artículo 13 Bis a la citada ley, con el fin de transitar de esquemas reactivos o coercitivos hacia una política pública integral que atienda las causas estructurales de la violencia y la delincuencia.
Durante la exposición de motivos, se destacó que la legislación actual carece de una definición conceptual que reconozca expresamente el carácter articulador y estratégico del Sistema Estatal. Con la reforma al artículo 13, este sistema se definirá como el conjunto de instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno y autoridades municipales, encargadas de coordinar, ejecutar y evaluar las estrategias orientadas a preservar el orden público bajo un enfoque transversal de derechos humanos.
Asimismo, la adición del artículo 13 Bis dotará de una orientación clara a los fines institucionales del Estado a través de objetivos fundamentales como establecer las bases de coordinación efectiva y alineación de la política de seguridad entre el Estado y los municipios, optimizando recursos y unificando estrategias de inteligencia para evitar la duplicidad de funciones.
De igual forma, la propuesta normativa contempla el desarrollo de políticas públicas de prevención que identifiquen factores de riesgo para salvaguardar la vida, integridad y patrimonio de las personas antes de que se cometan los ilícitos, así como el seguimiento técnico y sistemático a la incidencia delictiva para la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia en las diferentes regiones de la entidad.
El documento prioriza la promoción de la cultura de la paz a través del diálogo, la mediación y la solución no violenta de controversias, además del desarrollo de políticas de prevención social integral que atiendan causas estructurales de las conductas antisociales, fomentando valores cívicos y de protección a las víctimas.
El Proyecto de Decreto quedó reservado para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal.
