En Huajuapan de León hay una pregunta que cada día pesa más entre estudiantes, madres de familia y ciudadanía: ¿de qué sirven tantos discursos oficiales sobre protección a las mujeres y a la niñez si cuando una menor denuncia una presunta violación dentro de una escuela pública, prácticamente la dejan sola?
El caso del profesor del COBAO 08 acusado de presunta violación equiparada y abuso sexual contra una alumna menor de edad no sólo exhibe un posible delito gravísimo; también desnuda la enorme hipocresía política de quienes se llenan la boca hablando de derechos humanos, perspectiva de género y protección de las mujeres, pero desaparecen cuando una víctima realmente necesita respaldo.
Mientras las alumnas rompían el miedo y colocaban tendederos de denuncia dentro del plantel, las autoridades parecían más preocupadas por guardar silencio que por defender a la víctima. Las jóvenes tuvieron que hacer lo que le correspondía al Estado: señalar públicamente lo que durante años muchas personas prefirieron ignorar.
Porque esa es la parte más dolorosa de este caso: la sensación de abandono.
La indignación social no nació únicamente por la acusación contra el docente. La molestia explotó porque la ciudadanía percibe que los tres niveles de gobierno están actuando tarde, fríos y con una evidente falta de empatía hacia la menor y hacia todas las estudiantes que hoy tienen miedo.
En el ámbito municipal, el presidente de Huajuapan, Luis de León Martínez Sánchez, quien además encabeza el SIPINNA municipal —el organismo encargado de proteger a niñas, niños y adolescentes— ha permanecido prácticamente ausente en uno de los casos más delicados y mediáticos que han golpeado recientemente a la comunidad estudiantil de la Mixteca.
La gente se pregunta dónde están los protocolos, dónde están las conferencias urgentes, dónde están las medidas de acompañamiento psicológico, jurídico y social para la víctima y para las alumnas del COBAO.
Porque para inaugurar obras, tomarse fotografías y presumir eventos oficiales sí hay tiempo. Pero cuando una menor denuncia una agresión sexual dentro de una institución educativa, pareciera que el tema se vuelve incómodo políticamente y entonces llega el silencio.
Y ese silencio institucional también es violencia.
Resulta todavía más preocupante que ni el SIPINNA estatal ni organismos nacionales especializados en protección de menores hayan mostrado públicamente una postura contundente frente al caso. La ciudadanía observa con impotencia cómo la burocracia se mueve lenta mientras una comunidad estudiantil completa exige justicia.
Pero la crítica social también alcanza a quienes constantemente encabezan discursos feministas y de defensa de las mujeres. Muchas personas en Huajuapan comenzaron a cuestionar por qué varias colectivas, activistas y defensoras que suelen pronunciarse rápidamente en otros temas hoy no mantienen una presión pública permanente y visible acompañando a la víctima.
En redes sociales abundan comentarios de mujeres señalando que pareciera existir una selección política de las causas que sí reciben respaldo mediático y las que terminan abandonadas.
Porque cuando una menor denuncia abuso sexual, no debería importar el apellido, la posición política o las relaciones del presunto agresor. El feminismo tendría que estar presente sin titubeos, sin cálculos y sin miedo.
Las estudiantes del COBAO terminaron convirtiéndose en las verdaderas defensoras de la víctima. Fueron ellas quienes salieron a protestar, quienes denunciaron, quienes hicieron visibles los presuntos abusos y quienes obligaron a las autoridades a reaccionar.
Sin la presión social y sin el escándalo generado en redes, probablemente el caso seguiría escondido entre carpetas burocráticas.
Eso es precisamente lo que más indigna a la sociedad: que pareciera que en Oaxaca las víctimas sólo obtienen atención cuando el caso explotó.
