El magistrado Juan Carlos Díaz Carranza, presidente de la Comisión para la Implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares del Poder Judicial del Estado, expuso los principales desafíos que enfrentará Oaxaca ante la entrada en vigor de esta nueva legislación.
El también presidente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia señaló que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) representa un cambio profundo en el sistema jurídico del país, al establecer un modelo homologado para los juicios civiles y familiares en todo México, eliminando las diferencias normativas entre entidades.
Entre los aspectos más relevantes, destacó la obligatoriedad de los juicios orales, así como la digitalización de los procesos judiciales, incluyendo audiencias, notificaciones y la presentación de escritos, lo que implicará una transformación en la operación de los tribunales.
Asimismo, explicó que esta normativa federal sustituirá los códigos procesales locales, con el objetivo de unificar criterios en asuntos como divorcios, adopciones, custodia, pensiones alimentarias y sucesiones.
De acuerdo con los artículos transitorios del propio código, el 1 de abril de 2027 es la fecha límite para su implementación obligatoria en todo el país, tanto en el ámbito federal como estatal.
Ante este panorama, el magistrado invitó a la comunidad jurídica y al público interesado a participar en el congreso de capacitación “Avances y Coyunturas”, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de abril de 2026 en el Teatro Macedonio Alcalá, donde especialistas de distintas partes del país analizarán los alcances y retos de esta reforma.
