VISION POLÍTICA
-¿Peligra la elección judicial?
Por Fernando Cruz López
Las recientes movilizaciones de la CNTE en la Ciudad de México han vuelto a poner en entredicho la delgada línea entre la protesta legítima y la amenaza al orden democrático. Con bloqueos en vialidades estratégicas, el aeropuerto internacional y un plantón permanente en el Zócalo capitalino, el magisterio disidente ha revivido una vieja estrategia de presión que, aunque efectiva para visibilizar sus demandas, hoy coloca una sombra de incertidumbre sobre la elección judicial del próximo 1 de junio.
Las exigencias del gremio son tan contundentes como conocidas: abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, aumento salarial del 100% y la reinstalación de una mesa nacional de negociación con el gobierno federal. Lo nuevo en este episodio es la amenaza directa de boicot electoral, una advertencia que, aunque hasta ahora no ha pasado de los dichos a los hechos, sí enciende las alertas institucionales.
El gobierno de Claudia Sheinbaum no ha tardado en responder. Al acusar a la CNTE de adoptar posturas alineadas con la oposición conservadora, la presidenta no solo endurece el discurso, sino que expone la fragilidad de una relación históricamente ambigua entre el magisterio y los gobiernos de izquierda. En este contexto, la CNTE deja de ser un actor social para convertirse —al menos en el discurso oficial— en un factor de inestabilidad.
La elección judicial, inédita por su alcance y consecuencias, de por si yaenfrenta retos considerables: la apatía ciudadana, el desconocimiento del nuevo sistema y una complejidad operativa sin precedentes. La irrupción del conflicto magisterial no solo complica la logística del proceso, sino que amenaza con erosionar su legitimidad. En un país donde la desconfianza hacia las instituciones es profunda, cualquier atisbo de boicot puede desatar una cadena de cuestionamientos difícil de contener.
Aunque aún no hay indicios concretos de que la CNTE pueda frenar la jornada electoral, su capacidad de movilización —demostrada durante décadas— no debe subestimarse. Más allá de los bloqueos y las consignas, el verdadero peligro está en minar la credibilidad de un proceso que pretende ser histórico y abrir un nuevo capítulo en la participación ciudadana.
Por ello, el gobierno federal enfrenta un dilema urgente: ceder a la presión para destrabar el conflicto o sostener una postura firme que garantice el orden democrático. En cualquier caso, el diálogo se vuelve impostergable. No por concesión política, sino por responsabilidad institucional. La democracia no puede florecer en medio del caos, y menos aún cuando su semilla apenas empieza a germinar en el terreno inédito de la elección judicial.
Si la CNTE busca justicia para sus agremiados y el gobierno desea consolidar un proceso electoral innovador, ambos deben sentarse a la mesa. Porque lo que está en juego no es solo una reforma educativa o una nueva forma de elegir jueces; lo que se arriesga es la posibilidad de construir un país donde las urnas se respeten, incluso en medio del disenso…Sigame en X como @visionpolitica7.
